Actualmente se discuten en el país las leyes locales de educación con el objeto de armonizar las legislaciones en las entidades con la Ley General de Educación que se publicó en septiembre de 2019. Jalisco aprobó la suya sin debates profundos y en un proceso extraordinariamente rápido, sin que mediara el debate y adoptando casi una copia de la federal.
La ley jalisciense de educación, al ser casi igual que la ley general, repite los errores de la federal en cuanto a su redacción imprecisa y ambigua en algunos artículos que podrían quedar sujetos a diversas interpretaciones en su aplicación, algo elemental que tendría que evitarse en una norma jurídica. Pero, como veremos, de la nueva ley de educación no es importante lo que dice, tanto como lo que no dice.
En 1934, Plutarco Elías Calles, el autodenominado Jefe Máximo de la revolución mexicana, sentenciaba en Guadalajara que había llegado la hora de apropiarse de las conciencias de la niñez y de la juventud porque, según él, estas pertenecían a la Revolución. Estaba convencido que era “absolutamente necesario sacar al enemigo (sic) de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores; me refiero a la escuela”. Un día después del temerario discurso se aprobó una reforma constitucional para darle a la educación el carácter socialista. Desde entonces, los políticos ‘revolucionarios’ quieren cumplir la amenaza callista: apropiarse de las conciencias de los niños y jóvenes.
Los ‘neorevolucionarios’ han sustituido su método de la lucha de clases abierta y violenta por el de una revolución pasiva, el periodo revolucionario psicológico diría Calles. Ahora, siguiendo los pasos de Calles y Gramsci, los ‘neorevolucionarios’ deberán ejercer su influencia en las instituciones de la sociedad civil: la religión, la educación, la comunicación… Según ellos todas estas posiciones clave han estado al servicio de la burguesía y permiten que el orden capitalista se sostenga. Así sostienen que si la acción revolucionaria no se ocupa de la hegemonía que ejerce la burguesía en los instrumentos de educación y adoctrinamiento, no será posible un nuevo orden social igualitario.
Desde este proceso gradual de influencia sobre las instituciones surgiría un nuevo consenso, orientado por una nueva ‘clerecía’ (usando los términos de Calles): los Intelectuales. Esta nueva ‘clerecía’ ha ido ejerciendo su influencia sobre la política de educación que desarrollan los gobiernos para usar los colegios, como observó Roger Scruton, “no como asociaciones para la transmisión de conocimiento… sino como instrumentos de ingeniería social”. Ahora, las escuelas serían el instrumento para eliminar las diferencias sociales y garantizar la utopía igualitarista.
Según Scruton, para los igualitaristas “los colegios no existen solo para aprobar exámenes; son lugares donde los niños socializan y donde sus futuras perspectivas sufren una miríada de influencias”. Por ello, apuntó: la escuela pasó a ser un medio para conferir ventajas sociales y con ello se confiscó el fin real de la educación, que es un fin en sí mismo, para sustituirlo por otro al que ningún colegio puede aspirar coherentemente, ni lograr de forma viable, que es la igualdad”.
“los colegios no existen solo para aprobar exámenes; son lugares donde los niños socializan y donde sus futuras perspectivas sufren una miríada de influencias”
La diputada presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de Jalisco, Mara Robles Villaseñor, declaró a la prensa que la aprobación de la nueva ley de educación de Jalisco implica que cualquier tipo de discriminación debe desaparecer en las instituciones educativas públicas y privadas en la entidad. Dijo además que “esto significa que todos los valores de no discriminación por razón de género, raza, sexo, preferencia sexoafectiva, religión, salud, de todo, deben desaparecer, y eso no estaba explícito de manera tan inclusiva". En resumen, lo mas importante es la igualdad; Scruton ya no lo había advertido.
Aún mas, la legislación de Jalisco apenas innova al conformar dos nuevas instancias: una mesa interinstitucional para la mejora educativa, el SIMEJORA, y el Consejo Técnico, que será integrado por Académicos (intelectuales) que ‘orienten’ la política educativa. Este punto es fundamental, en la educación de niños y jóvenes los políticos y los intelectuales son los únicos a quienes la ley faculta para tomar decisiones mientras a los padres de familia les limita a estar informados y opinar, sin que esta opinión deba necesariamente tomarse en cuenta, porque dicen es derecho de los padres ‘opinar’, el mismo derecho que le otorgan a activistas o propagandistas. Esto es un abuso, lo que no dicen es que los padres de familia quedan excluidos de las decisiones sobre la educación de nuestros hijos, una educación que ha perdido su fin real y que ahora tiene como prioridad el igualitarismo, una utopía.
Por si esto no fuera ya alarmante, el gobierno federal está tratando de influir en las legislaciones locales para evitar que se haga explícito el reconocimiento del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones (como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Quieren evitar interferencias pues tienen la convicción de que la educación sexual de nuestros hijos es competencia exclusiva del Estado; así lo declaró la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sobra aclarar que los padres de familia que han denunciado el totalitarismo gubernamental, han insistido no estar en contra de que se eduque a los niños y jóvenes en materia sexual, son puntuales al denunciar que lo que rechazan es la propaganda ideológica, la desinformación y el aislamiento que el gobierno pretende hacer de sus hijos en esta materia cuando sus contenidos son contrarios a las convicciones familiares que no admiten las ideologías contemporáneas.
Nadie está conforme con la desigualdad que existe en nuestra sociedad, hay mucho por hacer por el bien común y la dignidad de la persona. Sin embargo, la educación no debe usarse como medio para otros fines; la educación es un fin en sí mismo. Si como sociedad procuramos la calidad educativa, los resultados incidirán positivamente en el desarrollo humano integral y en la vida social.
La obstinación por excluir a los padres de familia para evitar que se opongan a la revolución psicológica con su proyecto igualitarista no hace mas que confirmar que las supuestas ventajas de estas legislaciones ‘inclusivas’ son, en realidad, su mayor defecto.
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